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10 de Junio de 2011

ULTIMOS PAGOS A LA CAMARA DE COMERCIO


Las Cámaras de Comercio están emitiendo los recibos para el cobro de las cuotas camerales correspondientes al ejercicio 2010, último año de adscripción obligatoria a estas corporaciones.
 

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, que elimina la obligatoriedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio. Desde el uno de enero de 2011 pertenecer a las Cámaras de Comercio es voluntario, pero las empresas continúan sujetas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esta institución por un periodo transitorio de dos años.
 

Desde enero, las empresas han causado baja automática en su pertenencia a la Cámara, por lo que únicamente tendrán condición de miembros y electores aquellas que libremente lo decidan.
 

Para evitar confusiones a la hora de hacer los pagos, aclaramos las dudas que han surgido:
 

1.- En relación a la cuota de 2011, se mantiene vigente el pago de las cuotas ya devengadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Por tanto, en 2011 se pasarán los pagos (denominados recurso cameral) tomando como base de cálculo lo declarado en el Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2009, así como del IAE del ejercicio fiscal 2010.

2.- En 2012, se girarán únicamente los recibos a entidades cuya cifra de negocio superare los 10 millones en 2009 y se tomará como base lo declarado en el Impuesto de Sociedades de 2010.

El objetivo de la reforma es que las Cámaras se autofinancien y sigan prestando servicios, especialmente a las Pymes.

 

REGULARIZACION Y CONTROL EMPLEO SUMERGIDO


A partir del 1/8/2011 trabajador sin dar de alta igual a 3.126 € de sanción.

PROCESO VOLUNTARIO DE REGULARIZACION.-


Los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular por no haber solicitado su afiliación inicial o alta en la Seguridad Social, podrán regularizar la situación de los mismos, solicitando el alta de los trabajadores en el correspondiente régimen de la Seguridad Social desde el 07-05-2011 y hasta el 31-07-2011.


Se podrán aplazar las cotizaciones retroactivas correspondientes a las mencionadas altas y no podrán ser objeto de las sanciones administrativas previstas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para las infracciones tipificadas en dicho texto legal relacionadas con tales situaciones,


Los empresarios que se acojan al procedimiento de regularización  deberán formalizar un contrato de trabajo con el trabajador afectado, mediante cualquier modalidad contractual prevista en la legislación laboral. La duración inicial prevista para los contratos de carácter temporal o de duración determinada no podrá ser inferior a 6 meses, desde la fecha de solicitud del alta en la Seguridad Social. En el contrato de trabajo se hará constar expresamente que el mismo se acoge al proceso de regularización de este real decreto-ley.
 

SUBCONTRATACION


Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que estos ocupen en los mismos. El incumplimiento de este deber de comprobación constituye una infracción grave en materia de Seguridad Social.
 

INFRACCIONES/SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL


A partir del 01-08-2011, día siguiente al de la finalización del plazo de regularización, se endurecerán las sanciones para aquellos empresarios que den empleo a trabajadores sin cursar la correspondiente alta en Seguridad Social:

  • No solicitar alta de los trabajadores que ingresen en la empresa o hacerlo como consecuencia de actuación de la Inspección de trabajo, sanción mínima de 3.126€ por cada trabajador afectado.
  • Solicitar alta de los trabajadores que ingresen en la empresa fuera del plazo establecido al efecto, sin que medie actuación de la Inspección de Trabajo, sanción mínima de 626€ por cada trabajador afectado.
  • Tener trabajando en la empresa, sin dar de alta, a trabajadores beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social o el SPEE, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, sanción mínima 10.001€ por cada trabajador afectado.
  • Los empresarios sancionados perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha de la infracción, pudiendo ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período máximo de dos años.
  • No podrán contratar con el Sector Público las Empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por la nueva infracción grave, por no haber solicitado el alta  o hacerlo como consecuencia de actuación inspectora, recogido en el RD Ley 5/2000.

 

Inscripción en el ROI para quienes prestan y reciben servicios intracomunitarios


Están obligados a inscribirse en Registro de Operadores Intracomunitarios, quienes realizan y reciben Servicios de países del entorno de la UE
, de acuerdo con la resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) de adaptación de la interpretación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en relación con las reglas de localización de las prestaciones de servicios.
 
El ROI forma parte del Censo de Obligados Tributarios, que a su vez forma parte del Censo de Contribuyentes.

Hasta 31 de diciembre de 2010 era obligatorio inscribirse en el ROI para obtener el número de identificación de operador intracomunitario (NOI) antes de realizar entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes. Dicho número se obtiene al acceder al ROI y coincide con el NIF con las letras ES añadidas al inicio.

Asimismo, era necesario asegurarse de que el proveedor o cliente comunitario también estaba dado de alta en el ROI de su país, a efectos de la tributación correcta de las operaciones intracomunitarias.

Por tanto, desde 1 de enero de 2010 deben figurar en el ROI (y obtener el NOI), con anterioridad a la realización de la operación, todas las personas o entidades que vayan a realizar:

  • Entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes.
  • Prestaciones de servicios intracomunitarias, efectuadas o recibidas.

 

Paralelamente, la necesaria comprobación de que el proveedor o cliente comunitario también está dado de alta en el ROI de su país, se extiende a los proveedores o clientes comunitarios de las prestaciones de servicios.

Implicaciones de la inscripción en el ROI

La inscripción en el ROI es imprescindible para que la operación intracomunitaria tenga el tratamiento previsto en la Ley del IVA, es decir, realizar:

  • Las entregas intracomunitarias de bienes sin repercutir IVA.
  • Las prestaciones de servicios intracomunitarios sin repercutir IVA.

 

En caso contrario, es decir, si no se está inscrito en el ROI, en ambos casos deberá repercutirse la correspondiente cuota del IVA.

Como se ha dicho, también es necesario comprobar que el proveedor o cliente comunitario está inscrito en el ROI de su país, de modo que:

  • Si se comprueba que figura en el ROI de su país, la operación intracomunitaria podrá tener el tratamiento propio de su naturaleza, es decir, las entregas intracomunitarias y las prestaciones de servicios (por lo general) estarán exentas de IVA y las adquisiciones intracomunitarias y las prestaciones de servicios (por  lo general) estarán no exentas.
  • Pero si se comprueba que el cliente o proveedor intracomunitario no figura en el ROI de su país, la operación intracomunitaria pierde su naturaleza y el  tratamiento pasa a ser el siguiente: las entregas intracomunitarias no estarán exentas de IVA español y por lo tanto deberá repercutirse éste en la factura. Y lo mismo ocurrirá con las prestaciones de servicios.

 

Alta y baja en el ROI

Quienes deban formar parte del ROI han de solicitar el alta en el mismo mediante la presentación del Modelo 036 por vía telemática o mediante impreso (en la Administración de la Agencia Tributaria del domicilio fiscal del titular o por correo certificado).

Sin embargo, quienes figurando en el ROI, no realicen durante doce meses ninguna operación intracomunitaria, deben solicitar la baja en el mismo también a través del Modelo 036.

Comprobación de la inclusión en el ROI

Es aconsejable verificar si se está incluido en el ROI, consultándolo en Internet –sin necesidad de certificado de usuario- siguiendo la ruta: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ09.shtml

Para comprobar que el proveedor o cliente comunitario está inscrito en el ROI de su país es imprescindible disponer del certificado de usuario con el que acceder a la página web de la Agencia Tributaria, siguiendo la ruta indicada hasta llegar a “Operadores intracomunitarios no españoles”.

 

 

MODIFICACIÓN DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA EN LA VIVIENDA


RD-LEY 5/2011. BOE 06/05/20011


Mediante el Real Decreto Ley publicado, se modifica la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual prevista en la DA Vigésima novena de la Ley 35/2006:

  • Requisito contribuyente: base imponible inferior a 71.007,20 €/anuales (antes 53.007,20)

 

  • Deducción: el 20% de las cantidades satisfechas desde el 07-05-2011 hasta el 31-12-2012 por: (antes 10% de las cantidades satisfechas desde 14-04-2010)

La deducción se extiende a las obras realizadas durante dicho período (07-05-2011 a 31-12-2012) en cualquier vivienda (antes vivienda habitual) o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período (07-05-2011 a 31-12-2012 (antes 10-04-2010 a 31-12-2012) que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital.

Quedan excluidas de la aplicación de esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica,  plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

  • La base máxima anual de esta deducción será de:

 

  • cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 €/anuales (antes 33.007,20): 6.750 €/anuales (antes 4.000)
  • cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 euros anuales: 6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 (antes 0,2) la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.

En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 € por vivienda (antes 12.000). Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.

El derecho a la deducción en Renta, exigirá factura detallada con todos los requisitos legales, incluyendo el desglose del IVA, que en muchos de los casos será IVA reducido del 8% aplicable a las obras de renovación y reparación de viviendas.

Los medios de pago seguirán estando limitados a tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta en entidad de crédito. No se admiten los pagos en metálico. Las cantidades no deducidas en el año se arrastran a ejercicios posteriores.

Los contribuyentes que con anterioridad al 07-05-2011 hayan satisfecho cantidades por las que hubieran tenido derecho a la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual conforme a la redacción original de la DA vigésima novena, aplicarán la deducción en relación con tales cantidades conforme a la citada redacción. En ningún caso, por aplicación de lo dispuesto en esta disposición, la base anual y la base acumulada de la deducción correspondientes al conjunto de obras de mejora podrán exceder de los límites establecidos en la DA vigésima novena de esta ley.

01 de Mayo de 2011

LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE
(Ley 2/2011)


El pasado 5 de marzo se publicó en BOE la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES). Dicha norma ha entrado en vigor el 6 de marzo (salvo en lo relativo a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados).
 

A través de esta extensa Ley, (114 artículos, 20 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 60 finales) se ha procedido a introducir diversas reformas estructurales, con el fin de crear  las condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible, es decir un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo social y ambiental en una economía productiva y competitiva que estimule empleo de calidad, cohesión y el uso de recursos naturales limitados sin comprometer necesidades de generaciones futuras.
 

A continuación realizamos unas anotaciones sobre los aspectos más prácticos de la norma, a través de los distintos títulos que la estructuran.

El TÍTULO I concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de la economía española. En él se procura el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y simplificado para que los poderes públicos, faciliten el acceso a los ciudadanos y agentes económicos para el conocimiento de la normativa vigente.

Se aborda la reforma de los organismos reguladores tales como la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal, declarando aplicables buena parte de sus preceptos a la Comisión Nacional de la Competencia, y quedando fuera de este marco común los organismos vinculados al ámbito financiero.

Se incluyen medidas de reforma del mercado financiero, destacándose las que inciden sobre los mercados de seguros y fondos de pensiones con la finalidad de mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector.

Se introduce un “Plan de Austeridad” de la Administración General del Estado y la obligación que incumbe a las empresas públicas de adaptar en el plazo de un año sus planes estratégicos.

Se persigue impulsar la eficiencia en la contratación pública y la colaboración público-privada. Establece una mayor transparencia de la información en la contratación pública; fomentar la realización de contratos de investigación y desarrollo, e impulsar la participación de las PYMES en la contratación pública. Se creará una plataforma electrónica para centralizar el acceso a la información contractual, y en ella se difundirá toda la información relativa a las licitaciones convocadas por el sector público estatal. Se simplifican los trámites administrativos en los procesos de contratación disminuyendo el coste que para los empresarios implica participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Se dedica otro capítulo a la promoción de la responsabilidad social de las empresas (RSE) por parte de las Administraciones Públicas.

 

El TÍTULO II introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de la competitividad, eliminando obstáculos administrativos y tributarios. Así, en su Capítulo I, se introducen medidas de simplificación administrativa en dos ámbitos:

1º.- La ampliación del ámbito del silencio positivo para lo cual el Gobierno en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley (plazo que finalizará el 6 de junio de 2011), remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general.
Esa evaluación de la existencia de razones imperiosas de interés general que justifique el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo se llevará a cabo por las Comunidades Autónomas en el plazo de un año (que concluye el 6 de marzo de 2012) y servirá de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.

2º.-La LES introduce un nuevo art. 84 bis en la Ley de Bases de Régimen Local: Con carácter general el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
No obstante, sí podrán someterse aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente, patrimonio histórico artístico, la seguridad o la salud pública, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión esté justificada y resulte proporcionada.
Además en caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, (imaginémonos una Comunidad Autónoma y un Ayuntamiento) la Entidad deberá motivar expresamente la justificación de la necesidad de la autorización o licencia y el interés general concreto a proteger y que no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización existente.
En resumen, la regla general será la de que el ejercicio de una actividad no se someterá a la obtención de licencia u otro control habilitante previo, sino a comunicaciones y verificaciones posteriores de cumplimiento de requisitos (pudiendo las Haciendas Locales cobrar tasas por estas verificaciones) cuyos procedimientos deberán ser determinados por las Entidades Locales.

En el Capítulo III se abordan los principios rectores de la actividad catastral.

El Capítulo IV, destaca la conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet, deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit por segundo.

En el Capítulo V, se abordan entre otras, cuestiones como la transferencia de los resultados de la actividad investigadora. Se pretende facilitar que los centros de investigación puedan transferir conocimientos al sector privado. Fomentando con ello,  la cooperación de los agentes públicos y privados a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica. Se articulan igualmente mecanismos que permitan una tramitación preferente de las solicitudes de patentes relativas a los objetivos de sostenibilidad a los que se refiere la Ley, y el establecimiento de una reducción del 18 por 100 en tres años, de diversas tasas en materia de propiedad industrial

El Capítulo VI identifica nuevas líneas directrices de la política de internacionalización, que guiarán el apoyo público y la gestión de esta política, y que a la vez definen las operaciones de especial interés para la política económica y comercial. De este modo se incorporan al concepto de exportación, completándolo, elementos como la imagen de marca, la transferencia de tecnología o impacto de la actividad de la empresa en el medioambiente.

El Capítulo VII se refiere  a formación profesional, y persigue facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, todo ello con el fin de adecuar la oferta de formación profesional a las necesidades de la sociedad

El TÍTULO III se dedica a la sostenibilidad medioambiental y concretamente su Capítulo IV está dedicado al sector de la vivienda, dictándose las reglas a las que han de someterse las políticas públicas para un medio urbano sostenible.

Finalmente, el Título IV de la LES establece los instrumentos necesarios para la aplicación y evaluación de la misma.

En cuanto a las disposiciones finales destacaremos las siguientes:

DA 16ª.- en esta disposición, se nos anuncia una Ley reguladora de los contratos de distribución.

DF 12ª De mediación de seguros y reaseguros privados.
Se dispone que las entidades de seguros puedan aceptar la cobertura de riesgos sin intervención de mediador de seguros privados.

DF 13ª que  contiene la nueva regulación de los Fondos de pensiones.
Se regula el rescate del Plan antes de su vencimiento, en caso de desempleo de larga duración o enfermedad graves

 

DF 56ª introduce modificaciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre todo en materia de infracciones y sanciones:

Se establece la no inscripción de ficheros que contengan datos de carácter personal en la Agencia Española de Protección de Datos y la transmisión de datos a un encargado del tratamiento sin cumplir con lo establecido en el art.12 de la LOPD, tienen la consideración de faltas leves.

La vulneración del deber de secreto supone siempre infracción grave, antes podía ser leve, grave o muy grave. El impedimento u obstaculización del ejercicio de los derechos ARCO, es siempre infracción grave. La comunicación de datos, pasa a ser infracción grave o muy grave atendiendo a que sean datos especialmente protegidos o no.

Se modifican las cuantías de las sanciones por faltas leves o graves siendo para las primera entre 900 € y 40.000 €, antes eran entre 601 € y 60.101,21 € y para las segundas entre 40.000 y 300.000, cuando antes eran de 60.101€ a 300.506 €.

Se incorporan nuevos criterios de graduación de la cuantía como el carácter continuado de la infracción, la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamiento de datos de carácter personal.

 

LINEAS FINANCIACION ICO 2011


A través del Instituto de Crédito Oficial, se articulan, cada año, algunas líneas de financiación que tienen el respaldo del Estado. La principal novedad de estos últimos años, es la posibilidad de solicitar la financiación directamente al ICO, sin la intermediación de ninguna entidad financiera.
 

Desde nuestro despacho, hemos tramitado ya diversas solicitudes de nuestros clientes, analizando y documentando el expediente a presentar y haciendo el seguimiento del mismo, hasta la consecución de la financiación.

Para empresas y emprendedores, las más importantes son:
 

ICO Inversión Sostenible

Préstamos para financiar productos o servicios que mejoren la eficiencia de los recursos o reduzcan los impactos medioambientales. Tipos de interés bonificados. Amortización hasta 20 años.

ICO Inversión

Préstamos para financiar inversiones en activos fijos que no incremente la productividad, la eficiencia de los recursos o no disminuyan los impactos medioambientales. Amortización hasta 20 años.

Plan Avanza

Préstamos para financiar la adquisición de equipos informáticos y la conexión a Internet, destinadas a mejorar los procedimientos empresariales.

  1. Tipo de interés: Un tipo fijo equivalente al Euribor 12 meses vigente en la fecha de solicitud del préstamo.
  2. Amortización y carencia: Tres años con posibilidad de tres meses de carencia.
  3. Comisiones: Las entidades de crédito no pueden cobrar comisiones salvo los costes notariales de formalización de la financiación.

 

ICO Comercio Interior

Préstamos para financiar inversiones en centros comerciales abiertos, mercados municipales minoristas, locales municipales de usos múltiples y espacios de venta no sedentaria.

ICO Sector Manufacturero

Préstamos para financiar proyectos destinados a la mejora de la competitividad de la empresa, la introducción de la innovación en los procesos destinados a la diversificación o especialización y procesos de concentración empresarial que impliquen la adquisición de activos nuevos productivos.

ICO Vivienda

Préstamos destinados a promotores inmobiliarios de viviendas nuevas terminadas destinadas al alquiler.

ICO Liquidez

Préstamos para necesidades puntuales de liquidez para salir al exterior. Amortización hasta 7 años.

ICO Internacionalización

Préstamos para empresas españolas que realizan inversiones en el exterior. Amortización hasta 20 años. Tipos de interés bonificados.

Más información en www.icodirecto.es

 

 

MODIFICACION LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL.


Recientemente ha sido publicada la Ley 4/2011 de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía (BOE 25-03-2011)
 

Esta Ley persigue actualizar los procesos monitorios y simplificar las tramitaciones de los mismos con el fin de agilizar la justicia. Por otra parte, suponen también una aproximación a los instrumentos de la Unión Europea que con el propósito de tutelar los créditos, se han ido implantando en estos últimos años: el proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía.
 

Queremos destacar, que la mencionada Ley reforma determinados artículos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal forma, que no será preceptiva la intervención de abogado y procurador en las peticiones iniciales de procedimiento monitorio cuya cuantía no exceda de 2.000,- € (antes estaba limitado a 900 €). Tampoco será preceptiva la intervención de dichos profesionales en los juicios verbales que no excedan de la misma cuantía, aprobándose además un modelo normalizado para estos supuestos que podrán encontrarse en los propios juzgados.
 

También podrá instarse la ejecución judicial de ambos procesos sin intervención de abogado y procurador cuando la cuantía total de los mismos no supere los 2.000 €